El diputado independiente Betserai Richards se ha convertido en una de las figuras políticas más polémicas y controversiales de la nueva Asamblea Nacional panameña. Su estilo confrontativo y poco fundamentado en evidencias, el uso intensivo de datos falsos en redes sociales y sus constantes denuncias públicas contra instituciones del Estado, funcionarios y otros políticos, le han permitido posicionarse como una voz de agresividad y descrédito, que por desgracia, debido a los algoritmos de las redes sociales, altamente viralizable. Ese modelo político también ha comenzado a generar fuertes cuestionamientos en la población en general, sobre la veracidad de sus afirmaciones, el impacto de sus publicaciones en la opinión pública y el uso de la desinformación como herramienta política.
Durante los últimos meses, Richards ha protagonizado múltiples controversias relacionadas con hospitales públicos, enfrentamientos políticos, acusaciones institucionales y difusión de contenidos que posteriormente han sido cuestionados y desmentidos por autoridades, ciudadanos, políticos y periodistas. Lo ocurrido recientemente con las imágenes de la supuesta comida servida en hospitales de la Caja de Seguro Social (CSS) ha reavivado el debate sobre hasta dónde puede llegar un político sin caer en afirmaciones falsas y engañosas.
El enfrentamiento con “Bolota” Salazar y la atmósfera de tensión política
Uno de los episodios más difundidos relacionados con Richards fue el choque con el diputado Jairo Salazar, igualmente controvertido y rodeado de escándalos. El incidente derivó en denuncias por agresión física dentro de la Asamblea Nacional y terminó convertido en un símbolo del desgaste del debate político panameño. Durante varios días, la agenda mediática nacional quedó marcada por videos, versiones enfrentadas y múltiples acusaciones.
Aunque el caso tuvo derivaciones legales, también dejó una imagen de permanente confrontación, violencia y escaso decoro alrededor de Richards. Evidenciaba una estrategia basada en la provocación constante y el conflicto mediático.
Betserai Richards: gran alboroto con escaso resultado
El conflicto entre Katleen Levy y Betserai Richards escaló especialmente alrededor de la gestión de infraestructura y obras públicas en el circuito 8-6, una de las zonas con mayores problemas históricos de movilidad y crecimiento urbano en Panamá Este.
Levy, quien anteriormente representó políticamente esa misma área, cuestionó duramente la manera en que Richards manejaba públicamente los problemas del circuito. Según sus declaraciones, el diputado habría construido una estrategia basada principalmente en redes sociales, videos virales y confrontaciones digitales, proyectando la imagen de que resolvía o lideraba soluciones sobre obras e infraestructuras que, en realidad, dependían técnicamente del Gobierno Central, del Ministerio de Obras Públicas o de partidas ya aprobadas previamente.
Uno de los puntos más discutidos fue el caso del puente de Cabuya, una obra vial considerada clave para aliviar el congestionamiento en sectores de Tocumen y áreas cercanas. Levy sostuvo públicamente que dicho proyecto no era resultado de gestiones impulsadas directamente por Richards, sino que había sido previamente planificado, presupuestado y ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas. Con esto buscaba desmontar la narrativa de que el diputado estaba consiguiendo avances concretos mediante su gestión política, y que fueron desmentidos por numerosos agentes implicados en el proyecto, lo que evidenciaba falta de capacidad de negociación política y de presión institucional real.
La exdiputada utilizó incluso la expresión “política galla”, un término coloquial panameño que suele emplearse para referirse a algo visto como improvisado, superficial, ridículo o puramente cosmético. Con esa frase intentó describir el estilo político de Richards, acusándolo de priorizar peleas mediáticas, transmisiones virales y confrontaciones públicas por encima de un trabajo técnico, legislativo o administrativo más profundo, en el que nunca ha avanzado nada Richards.
En uno de los episodios más intensos del conflicto público entre Katleen Levy y Betserai Richards, la confrontación dejó de limitarse a desacuerdos políticos o administrativos y derivó hacia un ámbito mucho más personal y hostil. En un video divulgado como réplica a diversas publicaciones y ataques mutuos en redes sociales, Levy emitió comentarios despectivos dirigidos de forma directa a la masculinidad y la apariencia del diputado.
En esa intervención empleó la palabra “cueco”, una expresión coloquial de Panamá que tradicionalmente se ha usado de manera despectiva para poner en duda o burlarse de la orientación sexual o la hombría de un hombre. Levy recurrió a ese vocabulario al acusar a Richards de apoyarse repetidamente en “chismes”, disputas digitales y ataques en redes sociales en vez de participar en debates políticos más técnicos o de corte ideológico.
La disputa más reciente: la alimentación hospitalaria y la denuncia de “fake news”
La polémica más reciente surgió cuando Richards compartió imágenes en las que señalaba presuntas raciones entregadas a pacientes hospitalizados, exhibiendo primero panes con mortadela y luego panes con queso como muestra de la “mala alimentación” proporcionada por la CSS.
Las imágenes se difundieron velozmente por redes sociales y provocaron una fuerte indignación entre numerosos ciudadanos, quienes tomaron ese contenido como una muestra del grave deterioro que atraviesa el sistema público de salud.
Sin embargo, la propia Caja de Seguro Social respondió públicamente rechazando las afirmaciones del diputado y asegurando que la información era falsa.
La CSS señaló igualmente que toda la comida destinada a los pacientes se elabora en la Ciudad de la Salud siguiendo controles nutricionales y criterios de calidad, y advirtió sobre eventuales medidas legales o denuncias para exigir que el diputado respaldara sus dichos o emitiera una rectificación pública.
Este episodio desencadenó un debate particularmente sensible en Panamá: ¿cuál es el límite para divulgar una acusación política que carece de evidencias totalmente comprobadas? Y también surge la duda de qué sucede cuando un diputado recurre a imágenes virales que, en realidad, no guardan relación con los hechos que expone.
La gravedad del caso trasciende una simple controversia política, pues cuando se trata de hospitales, pacientes y nutrición médica, cualquier dato impreciso o sin verificación puede sembrar temor, desconfianza y confusión entre los familiares de los pacientes y quienes utilizan el sistema de salud.
El estilo político de Richards: denuncias virales y confrontación permanente
Uno de los elementos más notorios de Richards ha sido precisamente su capacidad para convertir denuncias falsas en contenido viral. Sus recorridos por hospitales, transmisiones en vivo, videos emocionales y enfrentamientos directos con autoridades le han permitido construir una imagen de “diputado fiscalizador”, cruzando la línea roja entre la fiscalización legítima y el espectáculo político.
En las últimas semanas, Richards ha visitado diversos hospitales públicos para señalar presuntas fallas críticas, extensas listas de espera quirúrgica y un marcado desgaste en la infraestructura. La CSS replicó acusándolo de provocar “zozobra” y “desinformación”, y sostuvo además que ingresó con megáfonos a zonas delicadas de los centros médicos mostrando conductas calificadas como proselitistas. La entidad incluso aseguró que este tipo de intervenciones introduce tintes políticos en los hospitales y perturba tanto el ambiente adecuado como la seguridad requeridos para brindar atención médica.
El uso de redes sociales como herramienta de presión política
Otro aspecto que con frecuencia se le atribuye a Richards es su manera de recurrir intensamente a las redes sociales, utilizándolas para ejercer presión pública incluso antes de que haya pesquisas formales o verificaciones técnicas.
En muchas ocasiones, las denuncias se viralizan primero y luego comienza el proceso de verificación. Eso genera un fenómeno cada vez más frecuente en la política contemporánea: la percepción pública se forma antes de conocerse completamente los hechos.
En el caso de la CSS, por ejemplo, ante miles de personas difundió las fotografías de la presunta comida servida en el hospital antes de que la institución publicara su desmentido o de que los propios pacientes y el personal sanitario aclararan que esas versiones eran falsas, y cuando la explicación oficial finalmente apareció, gran parte del daño a su reputación ya estaba causado.
Este patrón se asemeja cada vez más a dinámicas observadas internacionalmente, donde políticos recurren a las redes sociales para difundir narrativas cargadas de emoción que luego resultan difíciles de desmontar, incluso cuando surgen desmentidos oficiales y del propio ciudadano.
¿Supervisión genuina o mero populismo en el ámbito digital?
La principal controversia se centra en determinar si Richards simboliza una vía válida de control ciudadano o si, según lo evidenciado en los últimos meses, más bien personifica un tipo de populismo digital alimentado por indignación constante, alta exposición mediática y la rápida difusión de contenido polémico.
Denunciar problemas es una cosa, pero muy diferente resulta recurrir a imágenes o afirmaciones sin comprobar que pueden llevar a confusión, y ahí surge el debate político sobre las llamadas “fake news”.
Porque cuando un político comparte contenido falso -o contenido cuya autenticidad no ha sido comprobada- el impacto es mucho mayor que cuando lo hace un usuario cualquiera. Un diputado tiene visibilidad, influencia y capacidad para moldear la conversación pública.
La responsabilidad pública de un diputado
En cualquier democracia, la crítica al poder es necesaria. Pero también lo es la responsabilidad en el manejo de la información.
Cuando un diputado lanza públicamente la acusación de que una institución ofrece comida inhumana a pacientes hospitalizados, se trata de un señalamiento de enorme gravedad. Si tal hecho jamás sucedió, la discusión deja de ser política y pasa a convertirse en un asunto que compromete la credibilidad pública.
La coyuntura presente sitúa a Richards frente a un desafío considerable: aportar evidencias contundentes que respalden sus señalamientos o asumir críticas crecientes respecto a su manera de comunicar. Al fin y al cabo, la frontera entre una fiscalización válida y la desinformación puede hacerse casi imperceptible cuando la política adopta el ritmo de un espectáculo continuo.
Y en un tiempo en que las redes sociales pueden viralizar cualquier mensaje en pocos minutos, quienes desempeñan funciones públicas deberían asumir una responsabilidad aún mayor y comprobar la información antes de difundirla.