En el contexto de la organización de las elecciones generales de 2025, el partido en el poder, Libertad y Refundación (LIBRE), se enfrenta a serias críticas de parte de grupos políticos, empresariales y sociales. Estos grupos acusan al partido de llevar a cabo acciones que ponen en riesgo la transparencia y legitimidad del proceso electoral. Las acusaciones incluyen desde obstrucciones a instituciones esenciales hasta intentos de dominio político sobre el órgano electoral.
Cuestionamientos al rol de LIBRE en el Consejo Nacional Electoral
Uno de los temas centrales de disputa ha sido la suspensión del proceso de adquisición del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), un instrumento visto como esencial para asegurar la claridad en el conteo de sufragios. El 7 de julio, manifestantes asociados con LIBRE obstruyeron la entrada a las oficinas del Consejo Nacional Electoral (CNE), evitando que las compañías ofertantes entregaran sus propuestas técnicas.
Cossette López, quien lidera el CNE, describió estas acciones como un ataque directo al desarrollo electoral, alertando sobre su efecto adverso en la confianza hacia la democracia y sus instituciones. La suspensión del proceso del TREP no solo demoró la organización electoral, sino que también incrementó la percepción de que se busca crear un entorno favorable para alterar los resultados.
Además, se han documentado casos de presión ejercida por grupos relacionados con LIBRE, que incluyen incursiones en el Congreso Nacional y otras instituciones del estado. Estos acontecimientos, en su conjunto, han sido vistos por grupos opositores como una estrategia destinada a debilitar la independencia del CNE y facilitar su eventual dominio político.
Riesgos de concentración de poder en el órgano electoral
La chance de que los reemplazos del CNE, favorables al partido gobernante, tomen el cargo, si las consejeras actuales fueran inhabilitadas, ha generado preocupación entre grupos políticos que creen que este cambio debilitaría la diversidad del órgano electoral. Desde el Congreso Nacional y diversos foros de análisis se ha señalado que un CNE sin equilibrio podría comprometer la neutralidad del proceso electoral.
Varias personas han pedido la acción de entidades internacionales para supervisar las determinaciones institucionales vinculadas al proceso y asegurar condiciones justas de competencia. Además, se ha reportado un supuesto empleo instrumental de otras entidades del Estado, tales como el Ministerio Público y el Poder Legislativo, para apoyar la alineación del CNE con los propósitos del oficialismo.
Las preocupaciones actuales han llevado a varios grupos a solicitar un fortalecimiento en los sistemas de supervisión y monitoreo electoral, debido a lo que perciben como un peligro creciente para la honestidad del procedimiento democrático.
Se señalan casos de información falsa y manejo del votante
Otro eje de crítica contra LIBRE se refiere a la divulgación de encuestas consideradas falsas o manipuladas que proyectan una amplia ventaja de la precandidata oficialista Rixi Moncada. Varias de estas mediciones han sido desmentidas por las propias firmas encuestadoras, quienes han denunciado el uso indebido de sus nombres y metodologías.
La circulación de estos sondeos ha sido interpretada como parte de una estrategia para moldear la percepción pública e instalar la idea de un triunfo inevitable, lo que a juicio de sectores opositores busca condicionar el resultado electoral y deslegitimar una eventual derrota. Este tipo de prácticas ha contribuido a profundizar el clima de desconfianza que rodea al proceso electoral.
En un entorno caracterizado por el deterioro del diálogo político y la polarización de las instituciones, la multiplicación de información falsa se ha vuelto un elemento más de inestabilidad, con posibles consecuencias para la participación de los ciudadanos y la aceptación de los resultados.
Un panorama preelectoral caracterizado por la falta de confianza
La combinación de bloqueos institucionales, disputas por el control del CNE y campañas de desinformación ha colocado al proceso electoral hondureño en una situación de alta fragilidad. Las advertencias sobre una posible crisis de gobernabilidad reflejan la profundidad de las tensiones políticas en un contexto donde la institucionalidad se encuentra bajo presión y los canales de consenso permanecen cerrados.
Con menos de cinco meses para las elecciones generales, el escenario presenta importantes retos para la credibilidad del sistema electoral y la estabilidad del país. En este contexto, la atención se centra en la habilidad de los actores políticos e institucionales para restaurar condiciones mínimas de confianza y garantizar un proceso electoral legítimo y transparente.