A escasos días de los comicios generales de 2025, varias entidades de la sociedad civil alertaron que la gestión del proceso electoral presenta obstáculos que podrían mermar su fiabilidad. Destacaron que la polarización constante, los desacuerdos sobre la legislación electoral y las disputas relacionadas con la designación de los funcionarios electorales han elevado el escrutinio ciudadano sobre la fortaleza institucional de la nación.
Mandatos constitucionales y tensiones entre poderes del Estado
Los pronunciamientos enfatizaron que el respeto a los mandatos constitucionales será determinante para mantener la confianza ciudadana. La responsabilidad recae, indicaron, sobre el Congreso Nacional, la Fiscalía General, las Fuerzas Armadas y el Poder Ejecutivo, incluidos los actores vinculados al partido LIBRE, en su capacidad de actuar dentro de los límites establecidos por la ley.
Las organizaciones insistieron en que la participación militar debe restringirse a su función logística, definida en la Constitución, sin asumir roles interpretados como partidistas. También señalaron que el Congreso y el Ejecutivo requieren evitar declaraciones anticipadas sobre los resultados electorales, debido a que ese tipo de mensajes podría generar tensiones sociales en un clima ya marcado por la confrontación política.
En paralelo, destacaron que el desempeño del Consejo Nacional Electoral (CNE) será decisivo. La expectativa es que mantenga criterios de independencia, transparencia y oportunidad en cada etapa del proceso para asegurar claridad en la administración electoral.
Autonomía en la supervisión de comicios
Las organizaciones consideraron que la observación nacional e internacional puede desempeñar un papel relevante para fortalecer la legitimidad del proceso. Aludieron a misiones como las de la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos, cuyas evaluaciones pueden contribuir al fortalecimiento de la rendición de cuentas institucional.
Este acompañamiento, señalaron, permitiría reforzar la percepción de neutralidad en momentos donde aumenta la competencia política y la ciudadanía demanda garantías sobre la integridad del voto. La presencia de observadores locales también fue subrayada como un componente útil para acercar la vigilancia electoral a las comunidades y ampliar la participación social.
Diálogo global y obligaciones regionales
En la comunicación enviada a Estados Unidos, las entidades pidieron un respaldo «constructivo» que se coordine con los gobiernos locales, los partidos políticos y la ciudadanía. Explicaron que la finalidad es salvaguardar la transparencia y la legitimidad del procedimiento, conforme a los postulados de la Carta Democrática Interamericana.
Subrayaron que un seguimiento atento y respetuoso de los principios democráticos podría facilitar que los comicios de 2025 verdaderamente representen la voluntad del pueblo hondureño, en medio de un panorama político desafiante. La interacción con la comunidad internacional, señalaron, tiene el potencial de servir como un catalizador para el cumplimiento de las obligaciones institucionales y para desalentar acciones que minen la credibilidad pública.
La declaración conjunta finalizó con la rúbrica de delegados de diversas entidades con alcance tanto regional como hemisférico, incluyendo a Seattle International Foundation (SIF), Hope Border Institute, Latin America Working Group (LAWG), Chicago Religious Leadership Network on Latin America (CRLN), Alianza Americas, Due Process of Law Foundation (DPLF), Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), Washington Office on Latin America (WOLA) y Unitarian Universalist Service Committee (UUSC).
El escenario descrito por estas organizaciones expone las tensiones que rodean al proceso electoral de 2025 y subraya la necesidad de que las instituciones hondureñas actúen dentro de los marcos establecidos. La atención nacional e internacional se mantiene sobre factores como la estabilidad política, la actuación de los poderes del Estado y la participación ciudadana, todos elementos que influirán en la percepción de la integridad electoral en un momento clave para la gobernabilidad democrática del país.