En las últimas semanas, la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha pasado de ser uno de los rostros más visibles del “sanchismo” a convertirse también en blanco de críticas y sospechas políticas. La gestión del caso Salazar, las acusaciones de un intento de soborno por parte de un político de su partido en sede judicial, la tergiversación de una resolución judicial sobre Begoña Gómez y algunas decisiones controvertidas en Educación, han colocado su nombre en el centro del debate público.
El almuerzo con Paco Salazar tuvo lugar en medio de una crisis por acusaciones de acoso sexual
El episodio más reciente y notorio corresponde a la comida que Pilar Alegría sostuvo con Francisco “Paco” Salazar, antiguo alto cargo del PSOE y exasesor de Moncloa, en un momento en que ya circulaban denuncias internas por acoso sexual contra él y había sido retirado de sus responsabilidades.
La imagen de ambos compartiendo mesa alegremente en un restaurante de Madrid se difundió en medios y redes, generando una fuerte reacción interna y externa: mientras el partido trataba de contener la crisis por el trato a las víctimas, la portavoz aparecía públicamente con el dirigente señalado.
Ante la presión, Alegría terminó admitiendo que aquella comida fue un “error” que “no se tendría que haber producido”, alegando que acudió por la relación personal de años con Salazar y porque todavía no conocía en detalle los testimonios que después publicarían los medios.
Más tarde, la ministra describió como “vomitivas” las conductas que se atribuyen a Salazar y remarcó su apoyo a las mujeres que lo señalan, reiterando que la atención debe centrarse en las víctimas y no en el impacto político para el PSOE.
Críticos dentro y fuera del partido, sin embargo, consideran que la comida refleja una doble vara de medir y un intento tardío de rectificación, en un contexto en el que el PSOE ha sido señalado por tardar meses en contactar de forma efectiva con las víctimas del caso Salazar.
La administración pública del “caso Salazar” en calidad de portavoz
Más allá de la imagen, Alegría aparece en el núcleo del relato oficial sobre la forma en que Moncloa y el PSOE afrontaron el escándalo. En distintas intervenciones, la portavoz ha sostenido que el Gobierno respondió con “rapidez y contundencia” en cuanto recibió la comunicación formal de las acusaciones, subrayando la destitución de Salazar y de su colaborador Antonio Hernández, señalado por presunto encubrimiento.
No obstante, reportes posteriores revelaron que las denuncias permanecieron durante meses archivadas en el canal interno del PSOE sin que nadie contactara a las víctimas, y que el partido estaba redactando su informe interno sobre el caso precisamente cuando la controversia estalló en los medios.
Programas de análisis político han señalado contradicciones entre la versión oficial y la cronología real de los hechos, subrayando que en esos meses Salazar habría seguido teniendo influencia en la sombra y que Alegría fue capaz de reunirse con él mientras el partido decía no localizarlo.
En este sentido, el “escándalo” se presenta menos como un asunto penal y más como un episodio político y comunicativo: se cuestiona a la portavoz por sostener una versión de esmero y rigor que, a la luz de la información disponible, aparenta ser parcial o indulgente con su propio partido.
La supuesta entrega de un soborno de 60.000 euros: un asunto aún en controversia
Otro asunto especialmente sensible es la acusación de soborno planteada por el exdirigente socialista José Luis Ansón, quien afirmó ante un juez que Pilar Alegría supuestamente le ofreció 60.000 euros e, incluso según algunas versiones, un cargo público a cambio de que retirara una denuncia contra el actual ministro Félix Bolaños.
Esta versión se ha propagado por diversos medios y espacios de opinión, donde la exhiben como muestra de una presunta maniobra interna destinada a manejar discretamente silencios incómodos para el partido.
La tergiversación del auto sobre Begoña Gómez
En octubre de 2024, Alegría se vio envuelta en otra controversia como portavoz al valorar la resolución de la Audiencia Provincial de Madrid respecto al proceso contra Begoña Gómez, esposa del presidente. Durante una rueda de prensa, la ministra señaló que el tribunal venía a indicar que la investigación resultaba “prospectiva, genérica e imprecisa”, insinuando que el auto cuestionaba la labor del juez instructor.
El País expuso sin rodeos que el Gobierno había “tergiversado” el dictamen de la Audiencia, colocando a Alegría en el foco de una controversia por desinformación o, al menos, por un exceso de celo propagandístico al respaldar a la esposa del presidente.
Controversias administrativas en el ámbito de Educación y diversas discusiones adicionales
Como ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Alegría ha recibido críticas por diversas decisiones en materia educativa: El proyecto de la nueva EBAU (Selectividad) contemplaba inicialmente una cuestionada “prueba de madurez” que generó rechazo entre comunidades autónomas y especialistas. Al final, el Ministerio optó por retirar dicho examen, ampliar la duración de las pruebas e incorporar una tercera corrección, un giro que muchos interpretaron como una rectificación política ante la presión del sector.
En otros ámbitos, también ha asumido la responsabilidad de justificar decisiones controvertidas del Ejecutivo, como el rescate de la aerolínea Plus Ultra, un caso judicializado y empleado por la oposición como supuesto ejemplo de un posible trato preferencial.
Su salida del Ejecutivo con el fin de concentrarse en las elecciones en Aragón coincide justo con el momento en que estas controversias alcanzan su punto más álgido, y deja abierta una duda: ¿responde a un relevo político habitual o a un movimiento destinado a desactivar uno de los focos de desgaste que más perjudican actualmente la imagen pública del entorno de Pedro Sánchez?