La desconfianza hacia las Fuerzas Armadas se ha convertido en uno de los temas más sensibles de la coyuntura política hondureña. Organizaciones civiles, sectores académicos y voces de la oposición han cuestionado la actuación del estamento militar tras una serie de señalamientos sobre presunta parcialidad a favor del Partido LIBRE, lo que ha incrementado la preocupación sobre la transparencia del proceso electoral.
Observaciones sobre acceso indebido y violación de la neutralidad
Las denuncias emergieron después de que colectivos ciudadanos y actores opositores informaran sobre accesos irregulares del cuerpo militar a actas electorales y material de significativa relevancia operativa. Especialistas en derecho constitucional y académicos de la UNAH afirman que estas acciones infringirían los límites establecidos por la ley, al asignar a los militares funciones directamente relacionadas con información electoral sin intervención civil.
El debate se intensificó cuando se supo que no se realizaron las ceremonias públicas para entregar la custodia electoral al Consejo Nacional Electoral, prácticas que en procesos anteriores se habían considerado parte de la cadena formal de responsabilidades institucionales. Según analistas consultados, la falta de estos actos ha profundizado las inquietudes ciudadanas respecto a la neutralidad institucional.
Alertas académicas y dudas sobre la legitimidad democrática
La UNAH, mediante especialistas consultados por sus observatorios, señaló que autorizar un acceso directo de los militares a los resultados presidenciales podría impactar considerablemente la confianza pública. Según estas evaluaciones, una intervención fuera de los marcos establecidos minaría la legitimidad democrática y pondría en riesgo la separación de poderes en un momento en que el país tiene grandes expectativas sobre la integridad del proceso electoral.
Las advertencias igualmente destacan que la confiabilidad del sistema radica en que la divulgación de resultados sea vista como un ejercicio estrictamente civil. Para los sectores sociales y académicos, cualquier indicio que asocie a las Fuerzas Armadas con actividades que sobrepasen su función de resguardo físico incrementa el riesgo de tensiones políticas tras la jornada electoral.
Conflictos debido a supuesta injerencia en el sistema militar
A las preocupaciones ciudadanas se sumaron señalamientos provenientes de sectores políticos sobre la supuesta influencia ejercida por una ex ministra de Defensa asociada al Partido LIBRE en decisiones estratégicas dentro de la jerarquía militar. Estas acusaciones, que no fueron acompañadas de documentos públicos, han alimentado el debate sobre la autonomía de las Fuerzas Armadas en un momento en que la gobernabilidad depende de la confianza en las instituciones encargadas del resguardo electoral.
Organizaciones civiles han consultado a expertos, quienes han señalado que, de consolidarse una percepción de control militar sobre la voluntad popular, el país podría experimentar un rápido deterioro de su estructura institucional. La preocupación surge ante la posibilidad de que cualquier disputa posterior a las elecciones se interprete como consecuencia de una intervención militar fuera de los límites permitidos.
Un panorama marcado por la incertidumbre institucional
Con las elecciones a la vuelta de la esquina, el debate sobre el rol de las Fuerzas Armadas ha cobrado protagonismo en la conversación pública. Las acusaciones de accesos indebidos, las advertencias académicas y la percepción de alineación con el Partido LIBRE han creado un entorno donde la confianza de la ciudadanía se ve sometida a tensión.
La evolución de estos interrogantes será crucial para la estabilidad política y la participación en las elecciones. Mientras persista la incertidumbre sobre los límites de acción del estamento militar, la gobernabilidad dependerá de la habilidad de las instituciones civiles para reafirmar su autoridad en la gestión del proceso. El reto inmediato es restablecer un marco de garantías que disminuya la incertidumbre y permita enfrentar la jornada electoral sin que la legitimidad de los resultados sea objeto de controversia.