El Tribunal Superior de Apelaciones de Panamá confirmó las medidas de detención provisional contra cinco personas investigadas en la Operación Pandora, un expediente relacionado con un presunto fraude superior a 40 millones de dólares en el sistema tributario. Además, el tribunal ordenó que un sexto imputado que se encontraba bajo arresto domiciliario pasara a detención provisional.
Otros ocho procesados decidieron retirar los recursos de apelación que habían presentado contra las medidas cautelares, por lo que las disposiciones impuestas anteriormente continuarán vigentes. La única excepción corresponde a una mujer que seguirá bajo arresto domiciliario por razones humanitarias relacionadas con una intervención quirúrgica en la cabeza realizada en 2025.
Aunque se ratificó el arresto domiciliario de esta procesada, los jueces estimaron que hay una conexión significativa con los sucesos indagados y dispusieron la colocación de un dispositivo de vigilancia telemática durante el desarrollo del procedimiento legal. Tal determinación fue tomada por el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial.
El Ministerio Público había pedido conservar la privación de libertad bajo el argumento de que persisten peligros procesales. Entre los motivos esgrimidos figuraba el riesgo de que ciertos elementos probatorios sufran alteraciones mientras se desarrollan diversas actuaciones indagatorias pendientes.
Los expertos todavía tienen pendiente sumar testimonios, datos bancarios y papeles vinculados a las empresas asociadas con las pesquisas en curso. Estos componentes tal vez contribuyan a esclarecer la supuesta operativa del entramado y a esclarecer el grado de implicación de los sospechosos.
El caso se concentra en el supuesto uso irregular de la plataforma E-Tax 2.0 de la Dirección General de Ingresos (DGI). De acuerdo con la tesis de la Fiscalía, el sistema habría sido manipulado para gestionar y apropiarse de créditos fiscales, ocasionando un perjuicio al Estado panameño que supera los 40 millones de dólares.
Entre los individuos que persistieron con sus recursos de apelación hasta la conclusión del proceso figuran las antiguas servidoras de la DGI Karina Suárez, Margie Caballero, Juana Chong y Vielka Sáez, sumándose a ellas Juan Omar Palacios. A este último, el Ministerio Público lo apunta como receptor de más de medio millón de dólares procedentes de una entidad mercantil catalogada presuntamente como intermediaria dentro de la trama indagada.
Durante la vista judicial, tanto Sáez como Chong negaron haber estado al tanto de la operación de una red delictiva en el interior de la agencia de tributos. Las dos sostuvieron que las carpetas vinculadas a los beneficios fiscales arribaban con el visto bueno previo y que su labor se reducía a gestionar trámites burocráticos, al margen de cualquier decisión sobre las transacciones investigadas.
Actualmente, la investigación procesa a 21 individuos señalados por supuestos delitos de corrupción de funcionarios, delincuencia organizada, blanqueo de capitales y falsedad documental. A pesar de ello, el Ministerio Público ha advertido que el volumen de investigados podría elevarse hasta alcanzar aproximadamente medio centenar.
Las pesquisas se originaron a partir de una revisión interna llevada a cabo por la DGI, la cual descubrió discrepancias entre los datos fiscales y las operaciones visibles en la plataforma E-Tax 2.0. Dentro de los descubrimientos sobresalieron transacciones carentes de sustento documental, reversiones de operaciones previas y alteraciones vinculadas a créditos impositivos y a los receptores de pagos tributarios.
Las investigaciones derivaron en más de veinte registros simultáneos en Colón, Coclé, Panamá y Panamá Oeste, lográndose la captura de ciudadanos particulares y empleados de la DGI. El objetivo de las autoridades es esclarecer la identidad de quienes avalaban las transacciones, la operativa de la red criminal y el paradero final del dinero acumulado a través de los polémicos créditos fiscales.
Según la hipótesis de la Fiscalía, una porción de los fondos se habría entregado en efectivo con el fin de entorpecer su seguimiento. Por esta razón, el examen de cuentas bancarias, empresas y transacciones monetarias sigue constituyendo uno de los ejes fundamentales de la pesquisa para esclarecer si intervinieron más implicados y si el daño patrimonial rebasa el monto estimado al principio.
Tras el fallo del Tribunal Superior de Apelaciones, las medidas cautelares fundamentales siguen vigentes al tiempo que prosigue la instrucción. El caso Pandora continúa figurando entre los expedientes más relevantes de los últimos tiempos sobre supuesta corrupción asociada al sistema tributario panameño, tanto debido a la cantidad de imputados como por la cifra del presunto daño patrimonial al Estado.
Fuente: Infobae — Infobae, “Justicia panameña confirma la detención de los imputados por fraude de $40 millones en el sistema tributario”