Antes de la controversia por la carta en el Congreso, en agosto de 2023 el diputado Samuel Pérez Álvarez protagonizó un hecho que también dañó su imagen pública: un video viral lo mostró agrediendo físicamente a un guardia de seguridad privada en un edificio en la zona 4 de Ciudad de Guatemala.
En las imágenes se observa que Pérez intenta entrar por la fuerza en el edificio y se aprecia cómo empuja al guardia privado que procuraba impedirle el paso, provocando un forcejeo que llamó la atención tanto de los transeúntes como de los usuarios en redes sociales.
Una disculpa pública, aunque ¿será suficiente?
Tras la amplia circulación del video, el diputado publicó en sus redes un comunicado en el que ofreció disculpas públicas. Reconoció que su comportamiento no estuvo a la altura de lo que se exige a quien ocupa un cargo público y expresó sentir remordimiento. Añadió además que conversó directamente con el guardia implicado, identificado como Hugo Xol, y también con la administración del edificio, quienes, según señaló, aceptaron sus disculpas.
A pesar de sus palabras, la repercusión mediática fue considerable y muchos ciudadanos y analistas políticos cuestionaron tanto la actitud del legislador como la aparente falta de sanciones oficiales claras más allá de una disculpa. Un ataque físico, aunque no grave, pone en duda la capacidad de un representante público para mantener la compostura frente a situaciones tensas.
¿Qué sanciones deberían aplicarse?
Aunque Pérez presentó disculpas, el incidente impulsa una reflexión más amplia sobre la manera en que los funcionarios públicos han de rendir cuentas ante la ley:
- Investigación formal: al tratarse de un incidente que incluyó una agresión física contra un miembro del personal de seguridad, podría justificarse una pesquisa penal por ataque o por un posible uso excesivo de la fuerza.
- Sanciones administrativas: el Congreso tendría la posibilidad de abrir, incluso sin denuncia previa, un procedimiento interno para evaluar si el diputado incumplió las reglas de conducta parlamentaria.
- Reparación del daño: además de ofrecer una disculpa pública, podría contemplarse la obligación de resarcir de manera oficial al guardia afectado por cualquier lesión o afectación que hubiera padecido.
El acto violento contra un guardia no solo afectó la imagen de Samuel Pérez como legislador, sino que además pone de relieve la urgencia de establecer mecanismos precisos para regular el comportamiento de los funcionarios públicos fuera del ámbito legislativo; aunque ofreció disculpas, una parte considerable de la ciudadanía sigue aguardando una respuesta jurídica y política más firme que demuestre que ningún individuo está por encima de las normas.