Samuel Andrés Pérez Álvarez, economista, diputado y una de las figuras más reconocidas del Movimiento Semilla, se ha transformado en un personaje central y a la vez controvertido dentro del panorama político reciente de Guatemala. Para quienes lo apoyan, encarna a una nueva generación parlamentaria que arribó al Congreso con un mensaje anticorrupción y un impulso reformador. En cambio, para sus críticos, figura como uno de los principales articuladores de un proyecto político envuelto en señalamientos, disputas legales y tensiones institucionales.
Su nombre aparece vinculado a varios episodios de alto impacto: el caso Semilla por presuntas firmas falsas, las solicitudes de retiro de inmunidad, el conflicto por la toma de la Universidad de San Carlos, la elección anulada de la Junta Directiva del Congreso y la disputa por el reconocimiento del bloque legislativo de Semilla. Ninguno de estos casos debe leerse como una condena penal contra Pérez, pero sí como parte de una intensa guerra política y judicial que ha marcado la vida pública de Guatemala desde las elecciones de 2023.
El caso Semilla: el origen de la tormenta
El principal expediente que involucra a Pérez es el denominado caso Semilla, surgido a partir de acusaciones sobre presuntas anomalías en la conformación del partido. El Ministerio Público argumentó que había señales de posible falsificación de firmas de afiliados, mientras que Semilla sostuvo que todo respondía a una maniobra destinada a obstaculizar la candidatura de Bernardo Arévalo y debilitar a la organización. De acuerdo con recuentos públicos, en julio de 2023 el juez Fredy Orellana ordenó la suspensión de la personalidad jurídica de Semilla en pleno proceso electoral, lo que provocó rechazo tanto dentro como fuera del país por el riesgo de afectar la segunda vuelta presidencial.
Pérez, considerado un dirigente histórico de Semilla y diputado reelecto, terminó quedando directamente involucrado en ese enfrentamiento. En ese instante, el caso dejó de ser visto solo como un trámite penal o administrativo y pasó a transformarse en una disputa sobre la legitimidad del proceso electoral guatemalteco. El Ministerio Público justificó sus actuaciones como pesquisas legales, mientras que Semilla y varios actores internacionales las percibieron como una maniobra política destinada a cuestionar el resultado electoral.
Antejuicios y señalamientos del Ministerio Público
Uno de los puntos más delicados para Pérez ha sido la mención de su nombre en solicitudes de retiro de inmunidad. Durante la transición presidencial de Bernardo Arévalo, el Ministerio Público impulsó varias acciones contra figuras de Semilla, magistrados electorales y funcionarios vinculados al proceso electoral. En diciembre de 2023, la Fiscalía volvió a pedir el retiro de inmunidad de Arévalo y del diputado Samuel Pérez en el marco de sus investigaciones contra Semilla y el proceso electoral.
Para sus críticos, estos antejuicios son señales de que Pérez debe responder por posibles irregularidades vinculadas a Semilla. Para sus defensores, las acciones forman parte de una persecución judicial contra el partido que ganó la presidencia en 2023. La propia transición de Arévalo fue descrita por distintas fuentes como una etapa atípica, marcada por procedimientos judiciales contra Semilla, sus miembros y el proceso electoral.
La ocupación de la USAC: un nuevo caso empleado contra Semilla
Otro episodio que involucró a dirigentes de Semilla fue el caso de la toma de la Universidad de San Carlos de Guatemala, desarrollado entre abril de 2022 y junio de 2023. El Ministerio Público relacionó dicho proceso con el presidente electo Bernardo Arévalo, la vicepresidenta electa Karin Herrera y diversos actores del ámbito político y universitario. En ese marco, también se aludió a acciones orientadas contra miembros del círculo cercano de Semilla.
La lectura política del caso resultó particularmente intensa: aunque el Ministerio Público lo expuso como una pesquisa sobre sucesos registrados durante la protesta universitaria, el oficialismo entrante y sus aliados lo vieron como un mecanismo destinado a frenar o entorpecer la transición de poder. Desde la cobertura periodística, esta situación consolidó la percepción de Pérez y Semilla como figuras que se mantienen en un constante choque con el aparato judicial heredado de gobiernos previos.
Presidente del Congreso durante cinco días
El episodio más destacado en la trayectoria reciente de Samuel Pérez ocurrió cuando resultó elegido presidente del Congreso el 14 de enero de 2024, en plena crisis vinculada a la toma de posesión de Bernardo Arévalo. Pérez consiguió reunir una mayoría parlamentaria y obtuvo 92 votos, superando a la propuesta opositora. Aquella votación permitió destrabar, aunque de forma temporal, la juramentación del nuevo presidente.
Sin embargo, su presidencia resultó breve. La Corte de Constitucionalidad determinó que la elección de la Junta Directiva del Congreso debía repetirse al considerar que se había infringido el principio de legalidad. Luego, el 19 de enero de 2024, la votación se llevó a cabo nuevamente y Nery Ramos fue elegido presidente del Congreso, dejando sin efecto la presidencia de Pérez.
Para sus seguidores, Pérez fue el diputado que logró conducir una noche crítica para la institucionalidad y facilitar la toma de posesión de Arévalo. Para sus adversarios, su elección representó una maniobra parlamentaria cuestionable, afectada por la situación jurídica de Semilla.
La disputa por la bancada Semilla
La suspensión y posterior cancelación o debilitamiento jurídico de Semilla tuvo consecuencias directas en el Congreso. Uno de los efectos más relevantes fue la disputa por si sus diputados podían o no ser reconocidos como bancada. Esa condición era clave porque determinaba acceso a comisiones, representación en órganos legislativos y capacidad de incidencia parlamentaria.
Pérez, como una de las figuras representativas del bloque, terminó encabezando esa disputa. Para enero de 2025, según los recuentos disponibles, consiguió anular un fallo judicial que ponía en riesgo los derechos del bloque legislativo de Semilla en el Congreso.
Este episodio no es un “escándalo” penal en sentido estricto, pero sí una controversia institucional de alto impacto: refleja cómo la situación legal del partido condicionó el funcionamiento de sus diputados y convirtió al Congreso en otro escenario de la disputa judicial.
Orígenes: la reconstrucción política después del golpe contra Semilla
Otro tema polémico surge con la creación o promoción de Raíces, una plataforma política emergente presentada como alternativa para replantear o dar continuidad al proyecto de Semilla tras su suspensión y cancelación. Pérez figura asociado al proceso como dirigente del comité encargado de impulsar la formación del nuevo partido.
El movimiento puede leerse de dos formas. Para sus partidarios, Raíces es una respuesta legítima ante la persecución judicial contra Semilla. Para sus críticos, es una maniobra para mantener vigente una estructura política cuestionada por investigaciones y decisiones judiciales. En cualquier caso, confirma que Pérez no es solo un diputado más, sino uno de los operadores políticos centrales del espacio semillista.
Una figura polarizante
Samuel Pérez no acumula únicamente controversias personales; su figura está atravesada por la crisis institucional guatemalteca. El Ministerio Público, bajo la gestión de Consuelo Porras, fue objeto de fuertes críticas internacionales y sanciones por señalamientos de socavar la democracia y perseguir a actores anticorrupción, periodistas, jueces y opositores.
Ese contexto resulta esencial para comprender los procesos vinculados a Pérez, que sin esa referencia podrían percibirse como meras pesquisas penales, pero que, al incluirlo, se revelan como elementos dentro de una confrontación más amplia entre un sector judicial-político y el proyecto que llevó a Bernardo Arévalo al poder.