La aparición de un video que exhibe a Carlos Zelaya, hermano del exmandatario Manuel Zelaya y cuñado de la presidenta Xiomara Castro, en encuentros con personas vinculadas al narcotráfico ha provocado una nueva crisis política en Honduras. Las grabaciones, publicadas en plataformas digitales y denominadas el “narcovideo”, generan dudas sobre la financiación de campañas del partido LIBRE y la magnitud de la infiltración del crimen organizado en las instituciones nacionales.
El video y las afirmaciones
En la grabación se observa a Carlos Zelaya conversando con integrantes de estructuras criminales vinculadas al narcotráfico, entre ellos miembros del grupo conocido como “Los Cachiros”. Según documentos judiciales internacionales y testimonios presentados en procesos previos, estas reuniones habrían estado relacionadas con aportes económicos millonarios destinados a campañas electorales de la izquierda hondureña desde 2013.
El contenido del video concuerda con estudios previos que ya sugerían presuntos vínculos entre figuras políticas y organizaciones de narcotráfico, lo que amplía las dudas sobre el rol de las élites en el fortalecimiento de acuerdos con grupos delictivos. Las acusaciones también incluyen a Manuel Zelaya, mencionado en reportes internacionales por su relación con el gobierno de Nicolás Maduro, acusado en Estados Unidos de encabezar el llamado «Cartel de los Soles».
Influencia política en la administración de Xiomara Castro
El reparto de la información ha generado una serie de críticas hacia el gobierno de Xiomara Castro, haciendo referencia directa a su círculo familiar en la controversia. Distintos grupos acusan a la presidenta de no tomar medidas decisivas ante las quejas y de dar prioridad a la defensa de sus parientes.
De forma simultánea, la oposición ha utilizado la oportunidad para aumentar las críticas hacia el gobierno, destacando la necesidad de aclarar el origen de los recursos que financiaron las recientes campañas del partido LIBRE. La tensión política se manifiesta en la dimisión de funcionarios cercanos a la familia Zelaya y en el inicio de procesos investigativos en cortes hondureñas.
La situación ha captado atención a nivel internacional. Expertos alertan que el sistema judicial de Estados Unidos podría involucrarse, como en ocasiones previas con antiguos oficiales hondureños, y comenzar procedimientos de extradición que desafiarían la habilidad del país para manejar sus propios desafíos en cuanto a justicia y soberanía institucional.
La vulnerabilidad institucional frente a la penetración del narcotráfico
El incidente no es un evento aislado, sino que forma parte de un extenso historial de infiltración del narcotráfico dentro de las instituciones políticas, militares y económicas de Honduras. La exposición de los supuestos pactos entre los líderes de LIBRE y grupos criminales destaca las dificultades del Estado para desmantelar estas redes.
La constante presencia de individuos relacionados con el narcotráfico en el ámbito político ha mermado la confianza en las instituciones, incrementado la duda de la población y pone en cuestión los sistemas de supervisión democrática. De acuerdo con fuentes judiciales, el supuesta colusión de funcionarios con organizaciones criminales no solo afecta la integridad de los procesos electorales, sino también la estabilidad gubernamental en un país caracterizado por la división y la falta de legitimidad.
El incidente de Carlos Zelaya muestra cómo la relación entre la política y el tráfico de drogas continúa afectando el destino cercano de Honduras. La influencia internacional, las pesquisas nacionales y la respuesta del gobierno decidirán si esta situación resulta en un progreso hacia la transparencia o en otro caso de impunidad que agrave la crisis institucional.