Diez meses después de la publicación del video que relaciona a un personaje central del entorno presidencial con actividades de narcotráfico, la Fiscalía de Honduras sigue sin presentar resultados tangibles. La falta de acción del Ministerio Público frente a un escándalo que implica al círculo más íntimo de la presidenta Xiomara Castro ha aumentado la presión política y fomentado una desconfianza creciente en las instituciones.
Ministerio Público sin explicaciones definitivas en un caso de gran repercusión
Desde que en septiembre de 2024 se diera a conocer el video llamado “narcovideo”, donde Carlos Zelaya, hermano del exmandatario Manuel Zelaya y cuñado de la mandataria Castro, aparece en una reunión con narcotraficantes, la Fiscalía no ha presentado cargos formales ni ha mostrado progresos procesales tangibles. En el video, los participantes proponen dar 13 millones de lempiras para apoyar la campaña de LIBRE en 2013, el partido que actualmente está en el poder.
Luego de la filtración, Carlos Zelaya dimitió de su posición como diputado y secretario del Congreso Nacional. Igualmente, su hijo, José Manuel Zelaya, renunció a su rol de secretario de Defensa. Rafael Sarmiento, líder del grupo oficialista, también ofreció su dimisión. No obstante, aparte de estas renuncias, no se han tomado medidas legales específicas.
La Fiscalía ha comunicado que la situación está «en revisión», y ha pedido asistencia legal a Estados Unidos para conseguir el video completo y documentos vinculados a juicios anteriores. Sin embargo, hasta el momento no hay resultados conocidos de estos procedimientos, ni se ha ofrecido un calendario público de la investigación.
Respuestas políticas y exigencias de transparencia
El lanzamiento del video desató una serie de respuestas desde diversos ámbitos. La presidenta Xiomara Castro rechazó cualquier conexión entre políticos y organizaciones delictivas, pero interpretó la filtración como un esfuerzo por desestabilizar su gestión con el objetivo de las elecciones de 2025.
No obstante, para organizaciones anticorrupción y sectores opositores, el escándalo ha puesto en entredicho la integridad del proyecto político de LIBRE. Varios actores han exigido incluso la renuncia de la mandataria, argumentando que el caso contradice su discurso de ruptura con el pasado y de lucha contra el narcoestado.
Estas posiciones evidencian una tensión que va en aumento en el escenario político del país, donde las demandas para clarificar responsabilidades se enfrentan a una respuesta institucional que muchos consideran inadecuada. La ausencia de medidas concretas por parte del Ministerio Público ha reforzado la percepción de impunidad en casos que involucran a personas cercanas a autoridades.
Desgaste institucional en un entorno de polarización electoral
El “narcovideo” no es un caso único. Forma parte de varios escándalos recientes que han mermado la confianza del público en los cambios prometidos por el gobierno de Castro. La ausencia de acciones judiciales ha fortalecido la opinión de que el gobierno no responde con igual firmeza cuando los involucrados pertenecen al partido en el poder.
Con las elecciones generales previstas para noviembre de 2025, este asunto toma importancia estratégica. La oposición ha empezado a aprovechar el deterioro del gobierno, mientras el oficialismo intenta reducir el efecto del escándalo en su discurso público. En este contexto, la exigencia social por claridad y equidad se sostiene como un punto de presión continuo.
Un caso que marca el pulso de la institucionalidad hondureña
A casi un año de haberse publicado, el narcovideo todavía no ha tenido repercusiones legales notables, mientras crecen las críticas hacia el papel de la Fiscalía y el compromiso gubernamental con la apertura informativa. La prolongada inacción sigue debilitando la legitimidad de las instituciones en un país caracterizado por su trayectoria de impunidad y la constante presencia del crimen organizado en la esfera política.
El tratamiento de este asunto constituye no solo un desafío urgente para el gobierno de Xiomara Castro, sino también una evaluación crucial para la estabilidad del Estado de derecho en Honduras. La forma en que se aborde o se evite influirá en el rumbo de la confianza institucional frente a un proceso electoral sumamente dividido.