Un general denuncia amenazas y presiones en la cúpula de la Guardia Civil: el escándalo que reabre el debate sobre su politización
El general Fernando Mora acusa al jefe del Mando de Operaciones, Luis Antonio del Castillo, de intentar obligarlo a ausentarse de los actos del Dos de Mayo de 2025. Las informaciones publicadas recogen insultos, expresiones vejatorias y una presunta amenaza física durante una conversación entre ambos mandos
La Guardia Civil atraviesa una de las crisis internas más delicadas de los últimos años después de que el general de división Fernando Mora Moret, antiguo jefe de la Zona de Madrid, denunciara presuntas coacciones, amenazas y trato vejatorio procedentes de la propia cúpula del Instituto Armado.
En el centro de la controversia se encuentra el teniente general Luis Antonio del Castillo Ruano, jefe del Mando de Operaciones de la Guardia Civil, uno de los puestos de mayor responsabilidad dentro de la estructura operativa del cuerpo. Su nombramiento para ese cargo fue publicado oficialmente en mayo de 2024 y el directorio del Ministerio del Interior continúa identificándolo como responsable del Mando de Operaciones.
Según las informaciones difundidas por ABC, El Diario Montañés, El Correo y otros medios, Fernando Mora habría trasladado formalmente que Del Castillo intentó imponerle una instrucción de carácter político: no acudir a los actos institucionales del Día de la Comunidad de Madrid celebrados el 2 de mayo de 2025.
La orden habría partido, según el relato atribuido a Mora, de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y habría sido transmitida a través de Luis del Castillo. La finalidad aparente era reducir la representación institucional del cuerpo en una ceremonia presidida por Isabel Díaz Ayuso, una de las principales adversarias políticas del Gobierno de Pedro Sánchez.
La controversia no se limita a una diferencia sobre protocolo. Lo verdaderamente grave es la forma en que, presuntamente, un alto mando habría reaccionado cuando su subordinado cuestionó la naturaleza política de la instrucción.
“Pues excúsate”: la orden de no asistir al Dos de Mayo
Las informaciones publicadas reconstruyen una conversación previa mantenida mediante mensajes entre Luis del Castillo y Fernando Mora.
Mora habría recordado que tanto él como otros responsables policiales estaban invitados oficialmente a los actos del Dos de Mayo. Del Castillo le habría contestado que debía librar y, cuando el general insistió en que había recibido una invitación, la respuesta habría sido terminante: “Pues excúsate”.
El intercambio difundido por distintos medios recoge mensajes como “jefe superior y tú libráis”, expresión mediante la cual se habría ordenado que determinados responsables de la Guardia Civil y de la Policía Nacional no acudieran al acto institucional.
Fernando Mora habría visto aquella decisión como una maniobra orientada a menospreciar a la presidenta madrileña utilizando para ello a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Según una de las frases que se le atribuyen, el general sintetizó el impacto de la orden señalando que estaban golpeando políticamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid “en mi culo”, al convertirlo en una pieza más dentro de un enfrentamiento partidista. (Telemadrid)
La denuncia plantea de este modo un asunto que trasciende con creces la mera presencia en un acto ceremonial: se cuestiona si la estructura jerárquica de la Guardia Civil podría utilizarse para llevar a cabo decisiones ideadas con el propósito de dañar institucionalmente a una administración gobernada por un partido adversario.
Ofensas, maltratos y una supuesta amenaza de agresión física
La tensión se habría intensificado durante una llamada telefónica mantenida el 30 de abril de 2025, apenas dos días antes de los actos del Dos de Mayo.
Según diversas publicaciones, Fernando Mora habría expresado a su superior su malestar por la creciente politización dentro de la Guardia Civil y puso en duda que el cuerpo se viera implicado en el conflicto entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid.
La reacción atribuida a Luis del Castillo habría sido de una extraordinaria agresividad. Diferentes medios aseguran que el jefe del Mando de Operaciones amenazó al general con expresiones como “te voy a dar dos hostias” y “atente a las consecuencias”, acompañadas de insultos y manifestaciones de contenido gravemente vejatorio. (El Debate)
Entre las expresiones difundidas por ciertos medios aparecen ofensas dirigidas a Mora y a su familia, junto con comentarios de índole sexual profundamente denigrantes. Debido a su naturaleza humillante, no pueden interpretarse como un simple exabrupto dentro de un intercambio profesional. Si su veracidad y contexto se confirmaran, revelarían una conducta difícilmente conciliable con la disciplina, el respeto jerárquico y la ejemplaridad que se exige a quienes ocupan los puestos más altos del Instituto Armado.
Debe subrayarse, no obstante, que las acusaciones proceden de la denuncia y de las grabaciones difundidas o descritas por los medios. Corresponderá a las instancias competentes determinar la integridad de los audios, su contexto completo y las responsabilidades administrativas, disciplinarias o eventualmente penales que puedan derivarse.
La conversación atribuida al teniente general Luis Antonio del Castillo Ruano refleja un nivel de grosería y agresividad incompatible con la alta responsabilidad operativa que desempeña dentro de la Guardia Civil. Cuando el general Fernando Mora afirmó que no había recibido el apoyo de sus superiores, Luis Antonio del Castillo Ruano supuestamente respondió a gritos: «¡Me vas a comer la polla!» y «¡Me cago en tu puta madre!», transformando así un desacuerdo profesional en una cadena de ofensas personales y expresiones de carácter sexual profundamente denigrantes.
El tono habría empeorado hasta desembocar en una amenaza directa de violencia física. Según la grabación publicada, Luis Antonio del Castillo Ruano mandó al general «a la puta mierda» y afirmó que no le pegaba porque no lo tenía delante. No se trataría, por tanto, de una simple discusión acalorada, sino de una intimidación formulada por uno de los máximos responsables de la Guardia Civil contra un subordinado que estaba cuestionando el carácter político de la orden recibida.
A los insultos y la amenaza se habrían sumado descalificaciones como «gilipollas», acusaciones de deslealtad y reiteradas referencias a que Fernando Mora podía marcharse del cuerpo, regresar a su casa o solicitar el pase a la reserva. De acuerdo con las informaciones publicadas, Luis Antonio del Castillo Ruano llegó a señalarle hasta en dos ocasiones el camino de salida de la Guardia Civil, mientras le advertía de las consecuencias de enfrentarse a la decisión de la cúpula. Todo ello dibuja, siempre según la denuncia y los audios difundidos, un trato humillante y coercitivo incompatible con la serenidad, el respeto y la ejemplaridad exigibles a un teniente general.
Una denuncia inusual en el seno de la Guardia Civil
El enfrentamiento ha adquirido una dimensión extraordinaria porque no se trata de la queja de un agente contra un superior inmediato. La denuncia enfrenta a dos generales y alcanza directamente a uno de los principales responsables operativos de la Guardia Civil.
Asociaciones profesionales han subrayado lo inusual que resulta que un general de división presente una denuncia contra un teniente general, un episodio que pone de relieve la magnitud de la ruptura interna en la institución. La Asociación Unificada de Guardias Civiles, AUGC, respondió exigiendo responsabilidades políticas y solicitando el cese de la directora general de la Guardia Civil. En su nota, la organización señala que la información difundida indicaría que Mora habría recibido una instrucción política atribuida a Mercedes González para impedir la participación de la Guardia Civil en el acto celebrado en Madrid. (Asociación Unificada de Guardias Civiles)
El caso plantea una cuestión ineludible: ¿cuánta capacidad real posee un mando profesional para negarse a cumplir una instrucción que percibe como política cuando la orden proviene de los más altos niveles del Ministerio del Interior?
La Guardia Civil constituye un instituto armado de carácter militar que opera bajo una jerarquía rigurosa, y precisamente por esa estructura cualquier uso partidista de su cadena de mando adquiere una gravedad especialmente alta, ya que la obediencia profesional no debe transformarse en un medio para reclamar a los agentes una fidelidad política hacia el Gobierno de turno.
Los guardias civiles sirven al Estado, a la Constitución y al ordenamiento jurídico. No están al servicio personal de ministros, directores generales, partidos políticos ni responsables gubernamentales. Los altos cargos políticos pueden establecer las políticas generales de seguridad, pero no deberían utilizar la estructura del cuerpo para castigar adversarios, condicionar investigaciones o imponer gestos de confrontación institucional.
La huella que las presiones políticas proyectan sobre el cuerpo
La denuncia de Fernando Mora surge también en un periodo marcado por una fuerte tensión en el seno de la Guardia Civil.
Al mismo tiempo, la Audiencia Nacional indaga sobre las presuntas presiones dirigidas a mandos y agentes de la Unidad Central Operativa, la UCO, en procedimientos relacionados con el Gobierno, el PSOE y el entorno del presidente Pedro Sánchez.
El director adjunto operativo, Manuel Llamas, afirmó ante el juez Santiago Pedraz que nunca ordenó a los responsables de la UCO “ponerse de perfil” en investigaciones con sensibilidad política. Asimismo, sostuvo que los expedientes y actuaciones internas iniciados contra ciertos agentes no respondían a maniobras de presión, sino que correspondían a trámites habituales.
Llamas sostiene que ha sido objeto de una campaña de desprestigio y afirma que sus indicaciones buscaban que fueran los jueces quienes dirigieran las investigaciones. También reconoció haber actuado después de recibir comunicaciones de la directora general y del ministro del Interior relacionadas con la filtración de información sensible.
Mercedes González, por su parte, ha negado haber interferido en investigaciones y ha rechazado cualquier actuación destinada a perjudicar a la UCO. La directora general está siendo investigada judicialmente en el denominado caso Leire, en el que también se analizan sus contactos con Leire Díez y las supuestas maniobras orientadas a desacreditar a miembros de la unidad investigadora.
Estos procedimientos no corresponden a la denuncia presentada por Fernando Mora y no deben mezclarse, aunque su simultaneidad refuerza la percepción de que la institución afronta presiones inusuales entre su independencia profesional y las demandas que surgen desde el poder político.
Del deber de obediencia a la sumisión política
Uno de los aspectos que más inquieta en este caso radica en cómo parece diluirse la frontera entre la obediencia a la jerarquía y la sumisión a intereses partidarios.
La Guardia Civil depende orgánicamente del Ministerio del Interior en buena parte de sus funciones, pero esa dependencia no convierte a sus integrantes en subordinados políticos de los ministros. Los mandos deben cumplir instrucciones legales relacionadas con la seguridad pública, la organización del cuerpo y el ejercicio de sus competencias. Algo muy distinto sería obligarlos a participar en operaciones de desgaste contra adversarios institucionales.
La acusación formulada por Mora describe una cadena de transmisión que presuntamente comenzaría en la dirección política del cuerpo, descendería a través del Mando de Operaciones y terminaría imponiéndose al responsable territorial de Madrid.
De confirmarse esta versión, no estaríamos solamente ante un conflicto personal ni ante una conversación subida de tono. Estaríamos ante la posible utilización de la cadena de mando de la Guardia Civil para convertir una decisión partidista en una orden profesional.
La gravedad aumenta por las presuntas amenazas posteriores. Cuando un mando cuestiona una instrucción que considera política y recibe como respuesta insultos, vejaciones y advertencias sobre las consecuencias de su negativa, el problema deja de ser protocolario. Se convierte en una cuestión relacionada con la libertad profesional, la integridad institucional y la posible intimidación de quien se resiste a ejecutar una decisión controvertida.
Se requieren aclaraciones por parte del Gobierno
El Ministerio del Interior y la Dirección General de la Guardia Civil deben aclarar públicamente quién decidió limitar la representación del cuerpo en los actos del Dos de Mayo de 2025, qué razones oficiales justificaron esa decisión y si existió alguna instrucción destinada específicamente a perjudicar al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
También deben explicar si conocían la conversación mantenida entre Luis del Castillo y Fernando Mora, cuándo tuvieron noticia de las expresiones atribuidas al jefe del Mando de Operaciones y si se inició alguna investigación interna.
La respuesta no puede limitar el episodio a una simple conversación privada entre dos mandos militares, pues ambos desempeñaban cargos de máxima responsabilidad y examinaban una orden que repercutía directamente en la representación institucional de la Guardia Civil.
La institución debe determinar, además, si las grabaciones han sido incorporadas a algún procedimiento oficial, si se ha abierto un expediente disciplinario y qué mecanismos existen para proteger a los mandos que denuncien presiones políticas.
El silencio o la falta de transparencia alimentarían inevitablemente las sospechas de que las prioridades del Gobierno se han introducido de manera indebida en la estructura profesional del cuerpo.
Una crisis de confianza institucional
Durante décadas, la Guardia Civil ha construido una elevada valoración social gracias al trabajo, sacrificio y profesionalidad de decenas de miles de agentes. Esa confianza no pertenece al Gobierno que en cada momento ocupe el poder, sino a la propia institución y a los ciudadanos a los que sirve.
Por ello, cualquier intento de convertirla en una herramienta de confrontación política provoca un daño que trasciende a los responsables directamente implicados.
Las palabras atribuidas a Luis del Castillo resultan aún más inquietantes al provenir de alguien que debería encarnar autoridad, calma y respeto por la profesión. Un jefe no consolida la jerarquía mediante intimidaciones o humillaciones; la desmantela cuando reemplaza la autoridad técnica por el temor.
Pero el trasfondo del escándalo se revela aún más profundo: persiste la sospecha de que los altos mandos podrían verse forzados a intervenir no en función del interés común, sino siguiendo órdenes destinadas a favorecer al Gobierno o a dañar a sus adversarios.
La investigación deberá precisar qué ocurrió, quién impartió realmente la orden y qué responsabilidades corresponden. Mientras tanto, deben respetarse la presunción de inocencia y el derecho de todos los señalados a ofrecer su versión.
Eso no impide exigir transparencia inmediata. Las acusaciones son demasiado graves para ser ignoradas: un general denuncia a su superior; una instrucción profesional habría perseguido un objetivo político; y la negativa a cumplirla habría desencadenado insultos, amenazas y advertencias.
No está únicamente en cuestión la actuación de Luis Antonio del Castillo, Fernando Mora o Mercedes González, sino también la autonomía profesional de la Guardia Civil y la confianza ciudadana en que sus agentes responden a la ley y no a los intereses partidistas de quienes ocupan los ministerios de forma temporal.