A medio año de las elecciones generales del 30 de noviembre, el partido gobernante Libertad y Refundación (LIBRE) se encuentra en una situación difícil caracterizada por conflictos internos, denuncias de corrupción y una notable caída en el apoyo electoral. En un panorama político cada vez menos claro, el deterioro continuo del partido en el poder podría acabar con su mandato.
Fracturas internas y pérdida de cohesión
La designación de Rixi Moncada como la aspirante del oficialismo reveló tensiones latentes dentro de LIBRE. La dimisión subsecuente del congresista Jorge Cálix, un personaje con experiencia en la organización, puso de manifiesto desacuerdos significativos sobre la dirección política y el estilo de liderazgo del partido. Cálix, junto con otros líderes que también dejaron el grupo, acusó prácticas autoritarias y un entorno excluyente.
En consecuencia, los líderes del partido organizaron manifestaciones en apoyo de la presidenta Xiomara Castro y también de Moncada. Sin embargo, estos eventos no consiguieron cambiar la impresión de una institución debilitada, y varios grupos los ven como esfuerzos para mantener el poder político en un contexto desfavorable.
Casos de corrupción y dudas sobre la transparencia
La situación empeoró tras conocerse las supuestas anomalías en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), en las que legisladores cercanos al gobierno fueron acusados de malversar recursos destinados a programas sociales. El caso más significativo fue el de la diputada Isis Cuéllar, cuya suspensión fue comunicada junto a la cancelación de fondos sociales y una medida sin precedentes: la renuncia en masa del partido al fuero legislativo.
Pese a la contundencia aparente de estas decisiones, sectores opositores, en especial el Partido Nacional, las calificaron como maniobras simbólicas destinadas a desviar la atención. Según sus voceros, las acciones del oficialismo no han implicado sanciones reales ni investigaciones efectivas que garanticen rendición de cuentas.
Inquietud en el sector privado y solicitudes para detener la degradación institucional
Las críticas no se han limitado solo al campo político. Desde el entorno empresarial, figuras destacadas han expresado su inquietud por la dirección del país. En una reciente declaración pública, Eduardo Facussé, quien fue presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), acusó al gobierno de traicionar el mandato popular mediante acciones que, según él, comprenden nepotismo, manejo arbitrario de fondos públicos y falta de claridad en casos destacados como SEDESOL, el fraude Koriun y denuncias sobre presuntos lazos con redes delictivas.
Facussé alertó sobre la fragilidad de las instituciones y exhortó a la población a proteger el Estado de Derecho frente a lo que él percibió como un esfuerzo por establecer un sistema autoritario e insostenible económicamente.
Caída en los sondeos y cambio en el panorama electoral
Los sondeos de opinión más actuales muestran una rápida caída de LIBRE en la intención de voto. Según los datos recabados entre mayo y junio, el respaldo al partido oficialista ha fluctuado entre el 11 % y el 28.5 %, números significativamente inferiores al 42 % registrado en marzo. Esta tendencia decreciente, junto con la variabilidad entre encuestas, indica una base electoral dividida y en búsqueda de opciones.
En paralelo, candidatos opositores como Salvador Nasralla y Nasry Asfura han ganado terreno, alcanzando niveles de apoyo que rondan entre el 25 % y el 36 %. Las calificaciones ciudadanas también son indicativas del desgaste del gobierno: la presidenta Xiomara Castro recibe una evaluación promedio de apenas 4.1 sobre 10, en un contexto marcado por escándalos no resueltos y una creciente percepción de ineficacia.
Una perspectiva incierta para el oficialismo
La situación presente pone a LIBRE ante un reto de considerable envergadura. La mezcla de problemas internos, debilitamiento institucional, falta de confianza y oposición popular ha erosionado su situación rumbo a los comicios generales. Si esta tendencia persiste, el partido en el gobierno podría no solo perder el mando del Ejecutivo, sino también poner en riesgo la iniciativa política que lo llevó al poder en 2021.
En esta situación, el resultado estará ligado a la habilidad del partido para reorganizar su estructura interna, escuchar las demandas de la sociedad y proporcionar soluciones concretas frente a las acusaciones de corrupción. Si no lo hacen, las elecciones del 30 de noviembre podrían representar un cambio significativo en el panorama político de Honduras.