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En Honduras, el incidente Koriun Inversiones ha causado gran inquietud entre la población debido a la carencia de respuestas definidas y medidas firmes por parte del Estado. A más de tres meses de descubrirse la estafa financiera millonaria, miles de perjudicados siguen sin recuperar sus fondos y sin que los responsables enfrenten la justicia. La falta de progresos visibles en las investigaciones, junto con el silencio del Ministerio Público y la pasividad gubernamental, ha despertado dudas sobre un posible encubrimiento o protección política que impide que se alcance la justicia de manera adecuada.
Simultáneamente, profesionales jurídicos y referentes de opinión han manifestado su desaprobación hacia la propuesta de que el gobierno emplee fondos públicos para indemnizar a las víctimas de este engaño privado. Señalan que tal medida podría ser contraria a la ley y a la Constitución, además de implicar riesgos importantes tanto fiscales como políticos. Dentro de este marco, la demanda social insiste en que el asunto permanezca en el terreno judicial, manteniendo la transparencia y evitando que se convierta en una estrategia populista que ponga en peligro la legalidad y la gestión adecuada de los recursos estatales.
El debate en torno a la reacción gubernamental frente al fraude Koriun
La estructura de inversión engañosa de Koriun Inversiones funcionó durante años ofreciendo ganancias mensuales del 20 %, sin ningún tipo de control oficial ni supervisión. A pesar de la confiscación de más de 358 millones de lempiras por el Ministerio Público, las investigaciones no han progresado hacia el enjuiciamiento de los cabecillas del fraude ni se ha clarificado el destino de los bienes retenidos. Esta situación ha provocado un aumento de la indignación entre las familias perjudicadas, que han perdido ahorros, créditos e incluso propiedades, exigiendo justicia, claridad y la restitución de sus recursos.
La inacción y la aparente indiferencia por parte del Gobierno y del Ministerio Público han incrementado la percepción de que hay una red de defensa política que obstruye el completo esclarecimiento del asunto. Diferentes voces de sectores sociales y legales han destacado que la ausencia de detenidos responsables y el manejo opaco de los bienes confiscados reflejan una negligencia gubernamental que podría estar promoviendo la impunidad. La presión social se mantiene constante en demandar que se actúe rápidamente y sin inclinaciones políticas para asegurar que los culpables enfrenten las sanciones legales pertinentes.
Consecuencias legales y económicas del posible uso de fondos públicos para compensaciones
Los juristas y economistas han alertado que emplear fondos estatales para indemnizar a las víctimas de Koriun podría considerarse malversación de fondos públicos, sobre todo si no hay un marco legal aprobado por el Congreso que lo respalde. Los funcionarios que autoricen estos pagos sin respaldo legal adecuado podrían enfrentar cargos penales por abuso de autoridad y violación de deberes oficiales. Asimismo, el asumir esta deuda podría desequilibrar las finanzas del Estado, impactando áreas clave como salud y educación, y podría enviar un mensaje que fomente la impunidad en futuros esquemas de fraude.
Organizaciones de la sociedad civil han solicitado al Gobierno que aclare públicamente el origen legal y financiero de cualquier eventual compensación, que se publiquen los avances reales del caso y la lista de responsables con sus bienes incautados. Se enfatiza la necesidad de que el proceso se mantenga estrictamente en el ámbito judicial, evitando que se convierta en una medida con fines políticos o populistas. La exigencia principal es que el Estado no asuma la responsabilidad económica de un fraude privado, para no convertirse en cómplice ni en violador de la ley.