Elecciones en Honduras: vigilancia militar bajo cuestionamiento

En menos de cinco meses para las elecciones generales en Honduras, el rol de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) en el proceso electoral continúa siendo un tema de discusión. Su función constitucional de asegurar la protección, resguardo y transporte del material electoral, además de la seguridad de los centros de votación, se enfrenta a un aumento de críticas, impulsadas por fallos recientes y un ambiente de desconfianza hacia las instituciones.

Compromisos formales y declaraciones oficiales de instituciones

Los altos oficiales del Ejército han confirmado públicamente su compromiso con los principios constitucionales de imparcialidad y respaldo a la democracia. El general Roosevelt Hernández, en representación de la alta jerarquía militar, subrayó la promesa de las FF. AA. de asegurar un proceso electoral “justo, claro y protegido”, destacando el papel no político y sin deliberación de la institución militar.

La Secretaría de Defensa ha subrayado que las fuerzas armadas operarán siguiendo las directrices del Consejo Nacional Electoral (CNE), conforme a lo estipulado en la Constitución. Así, en el tiempo electoral, las FF. AA. deben desligarse funcionalmente del Poder Ejecutivo para enfocarse únicamente en proteger el proceso electoral.

Críticas por fallos logísticos y antecedentes recientes

Aunque las declaraciones oficiales lo aseguran, varios sectores han cuestionado la habilidad de las Fuerzas Armadas para asegurar un proceso electoral sin problemas. En los comicios primarios realizados en marzo de 2025, se denunciaron demoras de hasta cinco horas en la distribución del material electoral en ciudades importantes como San Pedro Sula y Tegucigalpa. Las deficiencias logísticas se achacaron tanto al liderazgo militar como a la ministra de Defensa, Rixi Moncada, provocando una avalancha de críticas por parte de la oposición y de organizaciones de la sociedad civil.

Estos sucesos reabrieron la discusión sobre la capacidad operativa del Ejército en labores relacionadas con elecciones y renovaron las críticas sobre su autonomía. Algunos expertos señalan que, si no se solucionan los errores mostrados en las primarias, el evento del 30 de noviembre puede enfrentarse a dificultades parecidas, afectando la confianza de la población en las entidades responsables del proceso democrático.

Tensiones institucionales y riesgo de politización

La controversia ha tocado igualmente al discurso oficial. Especialistas indican que grupos pro-gubernamentales han procurado restar importancia a la responsabilidad de las FF. AA. en los fallos logísticos de marzo, fomentando un relato dirigido a mantener la reputación de la entidad militar. Esta actitud ha coincidido con una creciente falta de confianza en el CNE, cuyas habilidades técnicas y directrices han sido cuestionadas por su gestión del cronograma electoral y su vínculo con el Ejecutivo.

En este escenario, el papel de las FF. AA. es cada vez más sensible. Aunque su misión constitucional les prohíbe involucrarse o tomar partido en cuestiones políticas, la imagen pública de su neutralidad se resiente debido a la politización del debate electoral. La tensión crece conforme se acerca el momento de las elecciones, en un entorno caracterizado por la polarización y las dudas sobre la institucionalidad democrática.

Un reto para la validez de las elecciones

La participación de las Fuerzas Armadas en los comicios de noviembre representa un punto crítico para la legitimidad del proceso electoral hondureño. Aunque la Constitución les asigna un rol operativo claro y delimitado, los antecedentes de fallas logísticas y la crisis de confianza en el sistema electoral colocan a la institución militar en una posición compleja.

En una nación caracterizada por una notable polarización política y una institucionalidad democrática débil, la actuación de las FF. AA. en las elecciones podría afectar significativamente la percepción de legitimidad de los resultados de los comicios. La claridad en las operaciones y la estricta adhesión al mandato constitucional serán esenciales para prevenir tensiones adicionales y mantener la estabilidad democrática en un año electoral crucial.