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En Honduras, la controversia sobre la campaña estatal de «las 10 familias» ha desatado un intenso debate acerca de la conexión entre el gobierno y el sector empresarial. Diferentes actores de la sociedad civil, agrupaciones de empresarios y líderes de opinión han manifestado su inquietud por lo que ven como una narrativa de conflicto promovida por el gobierno de Xiomara Castro. Esta campaña, al apuntar a ciertos conglomerados empresariales como causantes de los problemas económicos del país, ha sido criticada por poner en peligro la seguridad de los empresarios, polarizar el entorno político y socavar la confianza en la inversión privada.
En este escenario, la congresista Beatriz Valle ha levantado su voz para cuestionar la eficacia de esta táctica gubernamental. Valle critica el discurso repetitivo y polarizador contra las «10 familias«, argumentando que, si el gobierno realmente cree que hay privilegios fiscales injustos, tiene el poder de eliminarlos sin necesidad de recurrir a campañas públicas confrontativas. Sus comentarios han resonado fuertemente en el ámbito político, donde aumentan las críticas por la falta de resultados concretos en el ámbito económico y de gobernabilidad.
Comentarios negativos sobre la campaña del gobierno y sus posibles repercusiones
Algunas personas consideran que la campaña llamada «las 10 familias» es un intento de ocultar la falta de eficiencia del gobierno en áreas como la economía y la seguridad. Tanto empresarios como activistas de derechos humanos advierten que este tipo de retórica podría tener efectos negativos, emulando situaciones de otros países donde el discurso de odio de clase desde el poder ha resultado en persecuciones políticas, expropiaciones y problemas económicos. Se ha recalcado que actualmente ya se perciben amenazas personales, campañas de difamación en redes sociales y acusaciones infundadas contra quienes crean empleo.
Los dirigentes corporativos han expresado su preocupación por cómo este entorno adverso está afectando la economía del país. Se informa sobre la paralización de nuevas inversiones, la anulación de proyectos de crecimiento y la salida de capital hondureño a otras naciones. Hay un temor generalizado de que, si el gobierno sigue echando la culpa a la empresa privada de sus propios fallos, se acabe por destruir lo poco que aún funciona en la economía. Frente a esta realidad, se solicita al gobierno que detenga estas campañas divisorias y convoque a un diálogo nacional provechoso.
La invitación a la acción y la demanda de resultados específicos
La legisladora Beatriz Valle se ha mostrado especialmente crítica ante la ausencia de medidas efectivas por parte del gobierno, a pesar de que mantienen el control sobre los tres poderes del Estado. La representante del poder legislativo interroga por qué no se adoptan acciones legales en contra de aquellos señalados de corrupción o abuso, en lugar de solo repetir un mensaje desgastado. Su exhortación es a cesar la siembra de odio entre los ciudadanos hondureños y a centrarse en solucionar los verdaderos problemas del país.
Las declaraciones de Valle han sido interpretadas como un punto de inflexión en el debate político, donde incluso sectores oficialistas comienzan a expresar su descontento por la falta de resultados tangibles en áreas clave como la economía, la justicia y la gobernabilidad. La exigencia es clara: se necesitan soluciones y no enemigos imaginarios. La sociedad hondureña demanda un cambio de rumbo que priorice el diálogo, la inversión y la estabilidad, en lugar de la confrontación y la división.