A escasas semanas de los comicios generales, diversos ámbitos políticos, empresariales y entidades cívicas han expresado inquietud ante un supuesto menoscabo institucional en Honduras y la eventualidad de emular un esquema de dominio político similar al chavismo venezolano, al que ciertos expertos denominan el “Plan Venezuela”.
Diversos observadores sostienen que esta estrategia estaría orientada a concentrar el poder, afectar la independencia de instituciones clave y limitar la acción de la empresa privada y los medios de comunicación críticos, utilizando recursos estatales y presiones institucionales para garantizar la continuidad del proyecto político oficialista.
Indicadores de participación institucional
Entre las quejas más frecuentes se encuentran la utilización de bienes estatales para propósitos de campaña, la erosión de la independencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la instrumentalización política de las fuerzas del orden. Asimismo, se informa sobre la intimidación a figuras de la oposición, manifestaciones partidistas con un tono hostil y una retórica divisiva por parte del Ejecutivo, que, a juicio de expertos, pretende invalidar cualquier desenlace desfavorable.
Un líder político, en una entrevista, afirmó que «se observan indicios inequívocos de una estrategia para perpetuarse en el poder. Existe intimidación, coacción institucional y un clima de temor en diversas esferas«. Según los analistas, esta coyuntura coloca a la nación ante un dilema trascendental: preservar el camino democrático o transitar hacia un esquema de centralización del poder con tintes autoritarios.
Preocupación internacional y recomendaciones
La esfera global ha manifestado su preocupación por la coyuntura actual. Un colectivo de más de 90 naciones, en conjunto con entidades como la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA) y las Naciones Unidas, ha exhortado al Gobierno a asegurar comicios libres, pacíficos y transparentes, acatando la decisión ciudadana. Las declaraciones diplomáticas resaltan los peligros inherentes al mantenimiento extendido del estado de excepción, las limitaciones a la libertad de expresión y la injerencia política en los órganos electorales.
Un pronunciamiento conjunto de embajadas en Tegucigalpa enfatizó que “es fundamental que el pueblo hondureño pueda ejercer su voto en un ambiente de plena confianza, sin miedo ni interferencias”. Analistas internacionales advierten que cualquier intento de manipular el proceso electoral podría derivar en una crisis política y diplomática, afectando la legitimidad del nuevo gobierno.
Repercusiones para los ciudadanos y el escenario político
La ciudadanía de Honduras sigue con preocupación el acercamiento de las elecciones, en un ambiente caracterizado por la incertidumbre y el temor. La división social y la sensación de injerencia en las instituciones electorales podrían afectar tanto la participación ciudadana como la credibilidad de los resultados. Grupos empresariales y entidades de la sociedad civil mantienen una vigilancia constante sobre las acciones gubernamentales y la reacción de las organizaciones internacionales.
Para la agrupación LIBRE, estas acusaciones y advertencias constituyen un obstáculo extra en la fase final previa a las elecciones, justo cuando se agudiza el debate en torno a la consolidación del poder y la protección de la autonomía institucional.
El panorama electoral en Honduras, por lo tanto, presenta una encrucijada sociopolítica fundamental: asegurar un entorno de claridad y justicia o encarar un proceso caracterizado por la centralización del poder y la falta de credibilidad pública, lo que tendría repercusiones directas en la administración y la solidez institucional de la nación.