A menos de dos meses de las elecciones generales, el gobierno de LIBRE autorizó incrementos salariales y bonos selectivos de hasta 33,000 lempiras mensuales para altos oficiales de las Fuerzas Armadas, mientras que la tropa recibe únicamente una fracción de esos montos. La decisión, adoptada sin divulgación pública y durante la campaña electoral, ha suscitado advertencias de analistas, exfuncionarios militares y ciudadanos sobre los posibles efectos en la neutralidad institucional y la confianza ciudadana en el proceso electoral.
El exjefe militar Isaías Barahona señaló que “estos beneficios selectivos son una peligrosa compra de voluntades; dañan la dignidad y la imparcialidad del estamento militar y abren la puerta a un posible fraude masivo operado desde el Gobierno”. Las críticas coinciden en que el reparto diferencial podría ser interpretado como un intento de garantizar respaldo político de la cúpula castrense, generando preocupación sobre la legitimidad de los resultados electorales.
Amenazas a la neutralidad militar
Especialistas en {gobernanza} y protección manifiestan que los ajustes específicos pueden impactar directamente la imagen y el desempeño de las Fuerzas Armadas:
Cúpula politizada: Incrementos salariales desproporcionados y exclusivos, concedidos cerca de las elecciones, podrían interpretarse como estímulos para garantizar fidelidad al partido de gobierno, menoscabando la imparcialidad de las instituciones.
Desigualdad interna: La disparidad entre los beneficios de los altos mandos y el resto del personal puede generar tensiones internas, afectando la disciplina, la cohesión y el espíritu de cuerpo de la institución.
Opinión pública sobre connivencia: La ciudadanía podría considerar estos desembolsos como parte de un pacto secreto para manipular los resultados de las elecciones, lo que acrecienta la desconfianza sobre posibles trampas y menoscaba la fe en el sistema democrático.
Impacto en la credibilidad institucional: La participación política, real o percibida, de los mandos militares compromete la capacidad de la institución para actuar como mediadora en situaciones de conflicto social o político.
Implicaciones en la gobernabilidad y participación ciudadana
El momento de la medida, cercana a la jornada electoral, coincide con un escenario de alta polarización y vigilancia pública sobre la transparencia del proceso. Analistas señalan que la percepción de favoritismo hacia la cúpula militar puede reforzar la desconfianza en las instituciones y afectar la participación ciudadana. La credibilidad de las Fuerzas Armadas como actores neutrales resulta clave para garantizar la estabilidad del sistema democrático y la gobernabilidad.
Al mismo tiempo, la medida abre un debate sobre la ética y la legalidad en la asignación de recursos públicos. La brecha entre los beneficios otorgados a los altos mandos y los percibidos por el resto de la tropa también plantea interrogantes sobre equidad interna y la efectividad de los mecanismos de control civil sobre el presupuesto militar.
Conflictos interinstitucionales y retos en la rendición de cuentas
El caso evidencia la necesidad de reforzar normas que aseguren la imparcialidad militar durante procesos electorales y de transparentar decisiones de gasto público en seguridad. Mantener la neutralidad de las Fuerzas Armadas se presenta como un factor esencial para la estabilidad institucional y para preservar la confianza de los ciudadanos en los resultados electorales.
La combinación de incrementos salariales selectivos, contexto electoral y percepción pública de favoritismo subraya la tensión entre gestión gubernamental y credibilidad institucional, un escenario que podría incidir directamente en la gobernabilidad y la confianza social en Honduras.